Un grupo de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta logró una importante victoria judicial después de que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenara a la Comisión de Juegos de Puerto Rico recibir, aceptar y tramitar formalmente sus solicitudes de licencia, poniendo fin a años de reclamaciones por supuestas trabas administrativas.
La decisión fue emitida por la jueza superior Iris L. Cancio González, quien declaró con lugar una petición de mandamus presentada por los operadores afectados. La resolución obliga a la Comisión a activar de inmediato el proceso administrativo previsto en la legislación vigente.
El portavoz legal de los demandantes, el licenciado Frank Torres Viada, aseguró que la sentencia confirma que la Comisión “no podía seguir cerrando la puerta” ni negándose a recibir solicitudes que, según afirmó, debían ser evaluadas conforme a la ley.
“El Tribunal fue claro. Existe un deber ministerial y la Comisión no tiene discreción para ignorarlo”, señaló Torres Viada tras conocerse la resolución judicial.
La sentencia ordena específicamente al director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, y a la directora del Negociado de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, Loraine Irizarry Torres, que en un plazo máximo de cinco días reciban formalmente las solicitudes, emitan los correspondientes recibos oficiales y asignen números de expediente para iniciar su evaluación prioritaria.
Asimismo, el tribunal estableció que las solicitudes deberán analizarse conforme a la Ley Núm. 11 y al Reglamento Núm. 9647. En caso de detectar documentación incompleta o incumplimientos, la Comisión dispondrá de 15 días para notificarlos por escrito y detallar los requisitos pendientes.
Desde el colectivo UNOMAR, el portavoz Gilberto Narváez calificó la decisión como “una victoria para los pequeños comerciantes, para la transparencia y para el principio básico de que ninguna agencia puede actuar como si estuviera por encima de la ley”.
La resolución judicial también reconoce que el periodo de prioridad concedido a solicitantes anteriores expiró en abril de 2025 y que todavía quedan aproximadamente 2.000 máquinas disponibles dentro del límite máximo de 25.000 autorizadas por la legislación puertorriqueña.
Los operadores sostienen que el fallo podría marcar un precedente relevante para futuros procesos de licenciamiento en la isla y presionar a la Comisión de Juegos para acelerar la regularización del sector tras años de controversias administrativas y judiciales.
